La formación de los profesionales debe estar en manos de los mejores. Lo público debe contar con las personas relevantes de la salud para aprovechar su potencial y progresar. Pero el mercado más radical va imponiendo sus capitales intereses y ocupando el espacio de lo público. La formación se resiente. Si la sanidad pública quiere contar con los mejores, está haciendo todo lo contrario: cediendo su espacio. La crisis económica y financiera fue la mejor excusa para que la Comunidad de Madrid fulminara la Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios “Pedro Laín Entralgo”. este humanista e investigador médico, afirmó: “Contra la sentencia "mis amigos son los mejores", oponer esta aspiración permanente "Que los mejores sean mis amigos".
En 2012, el gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigida por por Esperanza Aguirre, eliminó el centro dedicado a la formación sanitaria. Lo hicieron por la “puerta de atrás”, con nocturnidad y alevosía. Los Presupuestos para 2012 fueron enmendadados por el partido del gobierno de la comunidad. La enmienda número 20 recogía otra “reforma” cargada de ideología: La extinción de la Agencia Pedro Laín. El organismo encargado de la formación de los sanitarios pasaba a mejor vida. Hace cinco años, el Gobierno de España tenía que emprender reformas, es decir, adelgazar la administración. Así lo mandató, vía normativa, a todas las administraciones públicas. En realidad, la palabra “reforma” era un disfraz debajo del cual se escondía el personaje más temido: “Recorte”. Las tijeras se abrían y cerraban a velocidad de crucero esquilando derechos y libertades.
El Estado proporcionó a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales armas cargadas de balas,listas para disparar, y el número total de ejemplares que debían servirse en bandeja como trofeos de caza mayor. Los gobiernos autonómicos y locales se convirtieron en francotiradores que debían elegir bien a sus presas. Sólo tenían que apretar el gatillo. La estrategia para esta masacre estuvo bien planificada. El gobierno central reformaba, las comunidades recortaban. Y el experimento salió bien. Como en las películas del lejano oeste, los buenos siempre ganan a los malos. Y el partido que la puso en marcha, tras varias citas electorales, hoy es el mismo que dirige nuestro país. No ha sucedido lo mismo en el caso del resto de las administraciones territoriales, donde sí hubo alternancia.
Pero en Madrid estaban muy animados. Era la oportunidad para enfundarse el disfraz de la reforma y aplicar el más puro neoliberalismo. La ideología tomó forma y comenzó a campar sobre la sanidad pública. El entonces consejero de sanidad, Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, puso en marcha el famoso Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid. Esto es, el plan privatizador del Servicio Madrileño de Salud que fue paralizado gracias a la movilización de los profesionales madrileños y tumbado en instancias judiciales.
No corrió la misma suerte la formación. La Laín Entralgo ya forma parte de esa Historia de la Medicina, obra del autor que le daba nombre, lo que son las cosas. La formación sanitaria en Madrid está en manos privadas. Los gobiernos con mayorías absolutas utilizan las temidas leyes de acompañamiento o las enmiendas a las leyes de presupuestos para ejecutar sus grandes decisiones. Ya se sabe, el presupuesto es un instrumento vivo. Y este fue un caso claro. Lo vistieron de cambio de fórmula jurídica en su organización, sin afectar a sus funciones. Pero el paso de los años certifica su desaparición. Sus competencias fueron asumidas por la Dirección General de la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria. Amortizaron sus puestos de trabajo y extinguieron los contratos de trabajo del personal laboral. Realizaba labores de investigación y con el Estado financiaba contratos estables de investigadores y de técnicos de apoyo. Era la encargada de la acreditación sanitaria y colaboraba en la elaboración de guías de prácticas clínicas.
Los profesionales sanitarios madrileños tienen que ponerse en manos de entidades privadas para formarse. El papel de lo público se ha reducido a la acreditación de dichas entidades. Se restringe a un puro procedimiento administrativo. Orgánicamente depende de la Dirección General de Investigación, Formación e Infraestructuras Sanitarias, bajo la dirección y coordinación de la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Madrid. Pero es la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid la encargada. Un órgano que se creó en 2000, un año antes de la agencia. Y, paradójicamente, se adscribió a la malograda Pedro Laín. En su composición están representadas distintas consejerías, el ayuntamiento madrileño y colegios oficiales, facultades universitarias y sociedades científicas de las profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid. Así pues, los centros, unidades docentes, sanitarios, administrativos que deseen acreditarse para desarrollar actividades de formación sanitaria continuada en el conjunto de nuestro SNS deben comenzar ese camino administrativo. No pueden acudir a un centro público madrileño que les oferte la formación.
El consejero Fernández-Lasquetty presentó su dimisión por la paralización de la “externalización” de la sanidad madrileña y se marchó, como no podría ser de otra manera, a una universidad privada de Guatemala; lo hizo siendo presidente de la Comunidad Ignacio González, conocido más por el “caso ático de Marbella”. Las personas pasan, sí; pero sus hechos permanecen en el tiempo. Y hoy la formación sanitaria de la Comunidad de Madrid está “externalizada”. Al movimiento de las batas blancas se la colaron sin darse cuenta.
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