En plena campaña electoral de 2016 y con el calor de agosto, el Ministerio de Hacienda lanzaba un “globo sonda” para testar la posibilidad de gravar a profesionales sanitarios por la formación y en concepto de transferencias de valor por parte de las compañías farmacéuticas. Había que realizar ajustes ante los anuncios de sanción de la UE. El miedo fiscal afloró en sanitarios, organizaciones médicas y asociaciones científico médicas. La mayoría minoritaria del Gobierno de España y el aplazamiento de la multa europea podrían ser las claves para meter en el cajón esta propuesta.
En esos meses de inestabilidad, el Gobierno de España en funciones echaba números para conseguir el máximo de escaños posibles y seleccionar dónde “meter la tijera” para aplicar los “ajustes” de 8.000 millones de euros que la Unión Europea iba a exigir al nuevo ejecutivo salido de las elecciones. Finalmente y en pleno agosto, la Comisión Europea nos otorgó dos años más para cumplir el dichoso Pacto de Estabilidad, quizás porque es la derecha quien lo tutela y los resultados electorales fueron de su agrado.
Los primeros en levantar las voz fueron los colegios oficiales de médicos. Pedían claridad al Ministro Montoro. Cargar impositivamente a médicos por formarse es injusto. Las transferencia de valor no suponen un lucro. La formación es, en definitiva, un valor añadido que redunda en el bienestar y en la salud de pacientes y la sociedad. Y tener que tributar por la asistencia a congresos científicos o reuniones monográficas de actualización puede suponer una rémora para el continuo aprendizaje.
Las asociaciones científico médicas vieron la oportunidad para afianzar su estatus y escalar en este complejo tablero organizativo. Ya se sabe, “quien da primero, da dos veces”. Pusieron encima de la mesa el criterio de la independencia en el tipo de formación que debe ofrecerse y en médicos: la invitación directa de la industria a médicos, para asistir a congresos y reuniones científicas, debe transferirse a las sociedades. Cubriéndose bajo el paraguas de la transparencia sí hubo en estas organizaciones un apoyo condicionado a la controvertida propuesta. Discurso maquillado por el recurrente del “palabro” eufemístico (como diría Natxo Oleaga) de que habrá que definir un buen plan para no desmotivar a los profesionales.
La confusión y la falta de información impedían formarse una sólida opinión sobre cómo iba a materializarse la propuesta. Al parecer, la Agencia Tributaria contaba con una metodología de trabajo para ponerla en marcha y un cronograma para analizar la amplia variedad de situaciones que se producen en este campo. Son muchas las situaciones que requieren de un estudio en profundidad y el tiempo que debe dedicarse. Como siempre Hacienda tiene “buenas” intenciones, pero la aplicación real de este tipo de medidas se topan con la cruda realidad: los recursos son limitados. Y es que son varios los disfraces que envuelven las transferencias de valor (inscripciones, billetes, desayunos, almuerzos, hoteles, desplazamientos…). De manera que, como dicen los sabios, puede que “cueste más el collar que el perro”.
Tras la constitución de las Cortes Generales, los partidos políticos entraron en escena parlamentaria y tomaron posiciones, ansiosos de mostrar a la la ciudadanía que el “rodillo” han pasado a mejor vida. El partido que votó “sí” a Rajoy registró una iniciativa, cuatro días antes de la investidura mariana, y la sacó adelante que aparca las intenciones iniciales de Montoro. Ciudadanos contó con el voto a favor del PP; votaron en contra Podemos y PSOE, ERC se abstuvo. Así pues se le pide al Gobierno que las “considere exentas de tributación las transferencias de valor dedicadas a la formación”.
Este debate estaría de más si fuesen los gobiernos quienes hicieran una apuesta por la formación continuada de sanitarios. La proposición nace desde una visión negativa: los médicos se pegan unas buena vacaciones con el rollo de la formación. Y la Hacienda ejerciendo de Robin Hood pone la mano confiscar. Poco decoroso después de años de reducciones salariales y el aumento de la carga de trabajo. Tan sencillo como aplicar la normativa legal vigente relativa a las garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Los gobiernos central y autonómicos deben incrementar las partidas para la formación y actualización a profesionales sanitarios del SNS, con fondos propios y ajenos, ampliando los fondos que se revierten provenientes de las entidades comercializadoras de medicamentos y productos sanitarios. Lo mejor es “normalizar” esta situación, y utilizo el verbo que hace unos días conjugaba el Ministro de Economía.
(Foto de la revista mexicana www.reforma.com)
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